Historia de Terror para contar en Halloween

Si la siguiente historia no te pone los pelos de punta, una de dos o eres una persona a prueba de todo, a prueba de terror, a prueba de indignación, a prueba de rabia, de impotencia, o ya estas “muerto”. Y si eres muy impresionable lo mejor es que no te aventures a terminar la lectura para que puedas seguir saliendo a la calle, para que puedas seguir con tu vida normal. Esta historia no necesitas la voz de Vicent Price para qué la piel se te ponga chinita (o de gallina como dicen en mi rancho), al imaginar que esto te puede pasar a ti. El relato es un poco largo, sin embargo, los reto a leerlo todo, y en verdad, ojala y nunca lleguen a vivir lo que le sucedió a este ciudadano del tenebroso y enigmático país del “Aqui no pasa nada”:

El 12 de diciembre de 2005, la vida de Antonio Zúñiga cambió cuando salió a la calle a caminar. Al cruzar una congestionada avenida de la Ciudad de México, dos policías robustos lo tomaron por la espalda y lo subieron a una patrulla. Así empezó su jornada de pesadilla dentro del sistema legal mexicano que parece extraída de un libro de Franz Kafka. Durante casi dos días, el vendedor callejero estuvo incomunicado y no le dijeron por qué lo habían detenido. Sus dudas eran respondidas con miradas hostiles de los detectives que le decían “Usted sabe lo que hizo”.Él dijo en una entrevista que únicamente se enteró de las acusaciones luego de que entró en una celda y un reo le preguntó: “¿Usted es al que acusan de asesinato?” Zúñiga, que entonces tenía 26 años, fue acusado de participar en el homicidio a tiros del miembro de una pandilla de su barrio. Las pruebas de balística mostraban que Zúñiga no había disparado un arma y decenas de testigos lo vieron trabajando en su puesto del mercado en el momento del asesinato, que ocurrió a varios kilómetros de ahí. Además, nunca conoció a la víctima. De todos modos, Zúñiga fue hallado culpable por un juez y condenado a 20 años de prisión. Su caso no es raro en México. Policías corruptos regularmente resuelven casos arrestando a la primera persona que encuentran, por lo general con una historia fabricada por alguien que asegura ser un testigo. Los agentes del ministerio público y los jueces les siguen el juego, dispuestos a calmar un creciente descontento entre la gente debido a los altos niveles de delincuencia y el aumento de la violencia derivada del combate al narcotráfico.

En la práctica, los sospechosos con frecuencia se presumen culpables. Más de 85% de los acusados de un delito reciben una sentencia, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, un think tank de México .La historia de Zúñiga sufrió un giro inesperado. Sus peticiones llamaron la atención de Roberto Hernández y Layda Negrete, un matrimonio de abogados graduados de University of California en Berkeley. La pareja tomó el caso, logró apelar para un nuevo juicio y, en un golpe de suerte, convenció a un funcionario mexicano de que les permitiera grabar todo el proceso, que duró más de un año. El resultado es un documental de 90 minutos llamado Presunto culpable que ofrece una visión única y aterradora del disfuncional sistema penal de México. La cinta estuvo entre la selección oficial del prestigiado festival de cine de Toronto y ganó menciones en el Festival de Cine de Morelia, en México. Los organizadores del festival decidieron proyectar el filme en la plaza central de la ciudad, donde reunieron a 2,000 espectadores. En una reciente proyección en el Distrito Federal, el público la ovacionó de pie. Muchos asistentes lloraron.

A diferencia de Estados Unidos, el sistema legal de México no tiene un jurado en sus juicios y la mayoría de los casos no son orales, por lo que los abogados no se presentan frente a un juez para defender el caso de su cliente. Los jueces casi nunca conocen al acusado y todo se tramita con documentos. Los juristas están sujetos a un código penal viejo y estricto, lo que les da poco margen de acción. La mayoría de los mexicanos no tienen idea de qué ocurre dentro de un juzgado. Sólo partes específicas del proceso son abiertas a familiares y otras personas. El resto, incluyendo las evidencias a favor o en contra del acusado, está cerrado al público hasta que el caso finaliza. El documental ofrece a la audiencia un lugar en primera fila frente a un proceso ordinario. El resultado es inquietante. Cuando uno de los abogados defensores de Zúñiga pregunta a uno de los agentes investigadores del caso qué tipo de evidencia tiene contra él, éste responde: “Esta aquí (en prisión) ¿no? Algo debe haber hecho”. El ministerio público responde con una leve sonrisa a la pregunta de por qué procesa a un hombre inocente: “Es mi trabajo”. Zúñiga perdió el segundo juicio. Las imágenes del proceso en el documental fueron tan impactantes que un panel de jueces en el tribunal de apelaciones lo liberó. El fiscal no respondió a solicitudes de comentarios. Tanto la Policía del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dijeron que no podían comentar sobre el caso de Zúñiga o temas jurídicos en general. Esta es la segunda vez que Hernández y Negrete han contribuido a la liberación de un inocente. En 2005, grabaron un video de 14 minutos sobre el sistema legal en el que un joven es acusado erróneamente de robar un coche. El detenido fue dejado en libertad después. “Es una forma cara de revertir la injusticia en México”, dijo Hernández, de 34 años. La pareja espera presionar para que se apruebe una ley que permita la grabación de todos los juicios penales. Tienen una página en la red social Facebook llamada Lawyers with Cameras o Abogados con cámaras. Alguien que comete un delito en México tiene sólo dos posibilidades por cada 100 de ser atrapado y condenado, de acuerdo con Guillermo Zepeda, un académico del Centro de Investigación Para el Desarrollo o CIDAC. Una razón para lo anterior es que apenas 12% de los delitos se denuncian a la policía, dijo Zepeda. Un factor que desanima a la población de presentar las acusaciones es la costumbre de la policía de pedir dinero para resolver los casos, o que el denunciante se vuelve sospechoso, dijo Zepeda. De acuerdo con una encuesta de 400 casos penales en la Ciudad de México realizada por National Center for State Courts, una organización estadounidense sin fines de lucro, en nueve de cada 10 casos, el sospechoso fue encontrado culpable sin ninguna evidencia científica, como huellas dactilares o ADN. En más de seis de cada 10 casos, los sospechosos fueron detenidos dentro de las primeras tres horas después del crimen, lo que deja poco margen para un trabajo de investigación serio, de acuerdo con un estudio de CIDE, que es también una de las principales instituciones de enseñanza superior de México. A casi ninguno se les mostró una orden de detención. Los policías mexicanos no tienen acceso a equipo forense básico y el país no cuenta con una base de datos integral de huellas dactilares.

La mayoría de los oficiales de policía son evaluados con base en la cantidad de detenciones, no por si arrestan o no a la persona correcta. Lo mismo pasa con los ministerios públicos. “¿Quiere tener una buena carrera?, acuse, acuse, acuse”, dijo un agente mexicano. Simplemente ser el acusado ya constituye una mala noticia. Debido a que en México no existe la fianza para los delitos graves, 42% de los reos mexicanos permanece en la cárcel sin ir a juicio, unos 90,000, de acuerdo con un estudio de Open Society Institute, una organización no lucrativa con sede en Nueva York fundada por George Soros. El sistema legal medieval es un impedimento para el país cuando trata de modernizarse. El año pasado, el Congreso reformó la Constitución para integrar la presunción de inocencia en la legislación mexicana y permitir los juicios orales en la mayoría de los casos. El problema ahora es que los estados del país tienen hasta 2016 para implementar los cambios. Como parte de la reforma, el gobierno de Calderón aprobó un cambio para permitir a la policía detener a los sospechosos hasta por 40 días sin una orden, en vez de sólo dos. El gobierno sostiene que necesita hacer esto debido a la guerra contra el narcotráfico. A pesar de lo anterior, los partidarios de Calderón dijeron que éste ahora arrastra una carga para poder implementar las reformas legales que podrían volver más confiables a los jueces y a la policía. “Actualmente, el gobierno le apuesta a la seguridad más que a la justicia, pero las dos están vinculadas”, dijo Ernesto Canales, abogado mercantil y principal activista en México para una reforma legal. Él patrocinó el documental junto con la fundación William and Flora Hewlett y otros donantes.

Si el mexicano común puede lograr confiar en la policía y los tribunales, es más probable que colabore con las autoridades, agregó. Mientras la policía mexicana no aprenda a investigar, nunca podrá penetrar en los cárteles de la droga y desmantelarlos. La oficina de Calderón no respondió a la solicitud de comentarios. En el caso de Zúñiga, se le acusó de asesinato con base en el testimonio de una sola persona, nada más. Resultó que ésta era primo de la víctima y, a su vez, fue detenido como sospechoso luego del tiroteo. Este último, Víctor Daniel Reyes, dijo a la policía inicialmente y en dos entrevistas separadas, que a su primo le dispararon otros tres miembros de la banda, de apodos Luis, Ojitos y Crucitos. Añadió que Luis, el jefe de la banda, disparó el arma. Nunca mencionó a Zúñiga, de acuerdo con testimonios en los tribunales. El día posterior al asesinato, la policía llevó a Reyes al barrio a buscar a los tres miembros de la banda. Después de horas, Reyes señaló a Zúñiga, que cruzaba la calle. “Él fue”, dijo Reyes, de acuerdo con los expedientes. Sólo hasta su tercera entrevista con la policía, después del arresto de Zúñiga, Reyes lo mencionó por su nombre como el asesino. Los tres miembros de la banda originalmente señalados nunca fueron detenidos o interrogados. La policía liberó a Reyes luego de señalar a Zúñiga. Aquél no fue localizado para dar comentarios. “Cuando me agarraron en la calle, mi primer pensamiento fue me están secuestrando”, dijo Zúñiga durante una entrevista en un restaurante de la Ciudad de México. “Ni siquiera sabía que eran policías hasta que oí voces en su radio.” Zúñiga añadió que fue durante su primer interrogatorio con la policía que perdió su oportunidad de salir del predicamento. Luego de repetir insistentemente que era inocente, uno de los policías se le acercó y le sugirió que podría facilitarse las cosas si ofrecía dinero y mucho. Pero Zúñiga se negó, en parte por principios y en parte porque no lo tenía. “Acabas de echarlo todo a perder”, le dijo el policía. En los tres meses que tardó el primer proceso de Zúñiga, lo enviaron al Reclusorio Oriente. Ahí compartió una pequeña celda con 20 reos. Durmió en el suelo bajo un gabinete. Las cucarachas trepaban por su rostro en las noches. Eva Gutiérrez, en ese entonces su novia y ahora esposa organizó una fiesta para recabar dinero a fin de que Zúñiga, a quien llaman Toño y quien sólo llegó hasta segundo de secundaria, comprara comida en la cárcel, lo que la mayoría de los reos hacen. Un hombre contratado como ayudante en la organización del festejo resultó ser Marco Antonio Arias, el tipo que obtuvo su libertad gracias al primer documental de Hernández. Cuando Arias descubrió el motivo de la fiesta y se enteró de la historia de Zúñiga por Eva, la contactó con Hernández y Negrete. La pareja no creía que pudiera liberar a Zúñiga, pero confiaba en difundir el caso con la realización del video. “Lo primero que me dijeron cuando hablamos por teléfono fue Estás jodido”, dijo Zúñiga. Al revisar el caso, la pareja se dio cuenta de que su defensor no era abogado, había falsificado la cédula. Esto era suficiente para solicitar una apelación. En México, éstas se turnan al mismo juez que lleva el juicio en primera instancia.

El contenido del documental trata de lo que pasa después. El juez, Héctor Palomares viste su túnica esta vez y se sienta tras un improvisado escritorio. Zúñiga dijo que el jurista nunca salió de su oficina en el primer proceso. Palomares no quiso dar comentarios para este reportaje. En un momento del procedimiento, al testigo, Reyes, uno de los abogados defensores de Zúñiga le pidió describir a los tres miembros de la banda a los que acusó originalmente. Él los describió a todos. Cuando se le solicitó describir a Zúñiga, a quien acusó después, no pudo. Los agentes que arrestaron al vendedor y llevaron su caso declararon en las audiencias, pero afirmaron que no recordaban nada. “Tenemos muchos casos”, dijo José Manuel Ortega, el investigador en jefe, encogiéndose de hombros. “No puedo recordarlos todos”. Ortega también se negó a dar comentarios. En el clímax del juicio, Zúñiga confronta a su acusador. El drama se intensifica a la vez que ambos hablan en tono encendido y hacen pausa para que un estenógrafo transcriba cada palabra. Finalmente, Reyes admite que nunca vio quién mató a su primo. Pero el juez Palomares mantuvo la sentencia inicial de culpable. “Fue como una patada en el estómago”, dijo Zúñiga en la entrevista. “Era mi vida la que se iba”. Para entonces ya llevaba casi tres años en la cárcel. Hernández y Negrete llevaron el caso el tribunal de apelaciones. Ahí exhibieron el video del juicio. Luego de ver la grabación, un juez de apelaciones presionó para liberar al acusado. Zúñiga fue puesto en libertad el 3 de abril del año pasado. Otros reos estaban tan sorprendidos que le pedían les enseñara la orden de liberación para tocarla. Zúñiga aún no es libre del todo. Hace unos meses, recibió un mensaje de texto en su celular que decía: “No se preocupe. Pronto volverá a donde pertenece”. Él dijo que no quiso devolver la llamada por temor. Zúñiga confiesa que ha tenido que ocultarse para proteger a su esposa y a su hija. El juez Palomares aún tiene su puesto en un juzgado de la Ciudad de México. El agente Ortega aún es un policía en funciones.
Traducido por Alejandra Díaz Alvarado
Editado por Pedro de la Garza
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